Caso Bernarda Vera: Ministerio de Justicia declara total transparencia
El Gobierno defendió el rol del Plan Nacional de Búsqueda y negó ocultamiento de información, en medio de críticas cruzadas entre oficialismo y oposición.
El Ministerio de Justicia salió al paso de las críticas surgidas tras la revelación del caso de Bernarda Rosalba Vera Contardo, militante del MIR inscrita como detenida desaparecida desde 1973 y que, según reportajes recientes y hallazgos del Plan Nacional de Búsqueda, habría residido en el extranjero y actualmente estaría con vida en Argentina.
Vera fue detenida en Panguipulli a los 27 años, en octubre de 1973, y desde entonces su nombre aparece en el Informe Rettig y en el Museo de la Memoria, donde se le vinculaba con ejecuciones en el puente Toltén. Sin embargo, documentos obtenidos por el Plan Nacional de Búsqueda y difundidos en 2025 apuntan a una trayectoria distinta: salida del país, residencia en Suecia y posterior regreso a Argentina.
“El Gobierno, por un hallazgo del propio Plan Nacional de Búsqueda, puso esta información en conocimiento de los principales actores que tenían que saber”, señaló el ministro Jaime Gajardo.
Parlamentarios de la UDI presentaron un oficio en Contraloría denunciando un supuesto plan para defraudar al fisco, vinculando incluso al Partido Comunista. La respuesta no se hizo esperar: la diputada Lorena Pizarro (PC) acusó a la oposición de intentar buscar impunidad para los violadores de derechos humanos y recordó la magnitud de los crímenes cometidos durante la dictadura.
“Nunca hemos mantenido esta información en secreto, pero sí hemos sido cuidadosos en la manera en que se maneja, porque puede ser muy dolorosa para las agrupaciones y, en particular, para los familiares directos de la persona involucrada”,concluye el ministro de justicia, esta tarde en medio de la presentación del proyecto que busca crear el Tercer Juzgado Laboral de Santiago.
Mientras tanto, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) llamó a no sacar provecho político del caso, advirtiendo que se trata de una situación excepcional y particular que debe ser resuelta por los tribunales.
La propuesta busca descongestionar los tribunales laborales existentes y entregar una respuesta más expedita a los trabajadores en todo el país
En la mañana del jueves, los ministros Giorgio Boccardo (Trabajo) y Jaime Gajardo (Justicia) presentaron una iniciativa que tiene como objetivo establecer un tercer tribunal laboral en Santiago y fortalecer los tribunales de regiones con una carga laboral excesiva.
La propuesta consiste en aumentar el número de jueces en urbes como Antofagasta, Concepción, Punta Arenas y la capital, con el objetivo de que los conflictos laborales se solucionen más rápidamente y que los trámites sean menos complicados para empleados y trabajadores.
El ministro Gajardo explicó que el objetivo es equilibrar las condiciones de trabajo entre los empleados y los empleadores, consolidando las instituciones para que los derechos laborales se puedan hacer valer a tiempo y en la práctica.
En esa misma línea, el ministro Boccardo enfatizó que la tecnología y las nuevas modalidades laborales están modificando intensamente el mundo del trabajo, por lo cual es esencial que la justicia se ajuste y expanda su capacidad de respuesta.
Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema, respaldó el proyecto enfatizando que la justicia debe estar más próxima a las personas y que esta propuesta tiene como objetivo precisamente hacerla más eficiente y accesible.