Gobierno presenta Plan Nacional de Infraestructura 2025–2055 en medio de crisis por desalojo en San Antonio
El quiebre entre el Minvu y los dueños del Cerro Centinela dejó a más de 10 mil personas en riesgo de expulsión. Los ministros Luis Cordero y Jessica López advirtieron que cualquier desalojo deberá regirse por estándares humanitarios. (Por: Smilovan Urbina, Nicolás Belmar y Matías Valdés)
La crisis de la mega toma de San Antonio alcanzó un punto crítico tras el fracaso de 17 sesiones de negociación entre el Ministerio de Vivienda y los dueños del Cerro Centinela, donde habitan más de 10 mil personas desde 2019. La inmobiliaria San Antonio S.A. acusó que el Gobierno no entregó garantías ni financiamiento creíble, mientras el Minvu responsabilizó a los propietarios por mantener precios “inaccesibles” para cualquier operación. Con la orden judicial de desalojo en trámite, el Ejecutivo enfrenta la inminencia de un desalojo masivo que amenaza con un fuerte costo social. “Sólo entonces, después de eso, de acuerdo al contenido y redacción que tiene la sentencia de la Corte, es posible que sea utilizada la Fuerza Pública”, explicó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, al recalcar que el procedimiento debe ajustarse a estándares humanitarios.
La disputa gira en torno a 215 hectáreas del Cerro Centinela, cuyo valor fue rebajado de 0,4 a 0,21 UF por metro cuadrado, cifra que el Minvu calificó como “simbólica” y aún por sobre la tasación oficial. Los dueños insistieron en que no se entregó información sobre compradores ni garantías de pago, mientras que desde el Gobierno acusaron a la inmobiliaria de tratar el caso como una simple operación de compraventa, sin considerar las dimensiones sociales de la crisis.
“El Ejecutivo va a mantenerse en esa posición para lograr un acuerdo razonable en relación a la mega toma”, señaló Cordero, enfatizando que antes de usar la fuerza pública es necesario coordinar con el municipio, el Minvu y los dueños de los terrenos.
La mega toma de San Antonio: negociación fracasada y riesgo de desalojo para más de 10 mil personas
La presión por una salida al conflicto coincidió con la presentación, este jueves a las 11:00 horas en La Moneda, del Plan Nacional de Infraestructura 2025–2055, que busca ordenar las inversiones públicas de largo plazo en conectividad, agua, vivienda y desarrollo urbano. Sin embargo, en San Antonio los pobladores advirtieron que no abandonarán el cerro y que seguirán exigiendo la opción de comprar los sitios a un “precio justo”, lo que contrasta con el plan lanzado hoy en la mañana.
“Lo que corresponde es analizar en detalle el contenido y redacción de la sentencia en este caso en concreto”, explicó Cordero, añadiendo que el cumplimiento de la resolución implica coordinar traslados, maquinaria para demoliciones y medidas de protección humanitaria.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, mencionó la crisis de San Antonio con la necesidad de planificar mejor el territorio. Según dijo, el nuevo plan de infraestructura pretende evitar que emergencias habitacionales de gran escala se repitan, aunque reconoció que su implementación es de largo plazo.
“Este plan incluye todo lo que es infraestructura en el ámbito de la vivienda, el urbanismo, y por lo tanto tiene que hacerse cargo en algún sentido, no en todo probablemente, del déficit habitacional que nuestro país tiene y de cómo resolver en el mediano y en el largo plazo esa situación.”, subrayó López, recalcó que, más allá del caso puntual de San Antonio, es necesario avanzar en soluciones de vivienda, urbanismo y servicios básicos en distintas localidades del país para garantizar condiciones de vida dignas.
El fallo de la Corte Suprema establece que el desalojo sólo puede realizarse tras una coordinación entre el municipio, el Minvu, los dueños y otras instituciones públicas, incorporando medidas humanitarias y el retiro de escombros. Mientras tanto, la inmobiliaria San Antonio S.A. solicitó a la justicia la ejecución de la orden, y el Ejecutivo mantiene conversaciones con los propietarios para buscar un acuerdo que permita definir el futuro de las más de 10 mil personas que habitan en el Cerro Centinela.