Senado acoge proyecto qué obliga a los bancos a entregar datos de transacciones de autoridades
El boletín N.º 14.955-03 presentado por los senadores Alejandra Sepúlveda y Esteban Velázquez ante la Comisión de Economía del Senado, busca que la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero puedan acceder con rapidez a los movimientos bancarios de los principales funcionarios del país para mejorar la fiscalización del gasto público.
Por Vicente Sepúlveda, Cecilia Bouffanais y Bruno Verdugo
Tras la advertencia pública realizada por la contralora Dorothy Peréz durante su exposición en la Comisión de Economía del Senado celebrada este día martes 12 de agosto, en la que señaló que el levantamiento del secreto bancario podría detectar a tiempo errores e irregularidades en el uso de recursos públicos, el Senado acogió el proyecto presentado por los Senadores Sepúlveda y Velázquez contenido en el boletín N°14.955-03 de la Cámara de Diputados.
El propósito del plan es alcanzar una mayor eficiencia en la fiscalización del gasto público y reducir la “ventana de riesgo” en la que transferencias o pagos irregulares asociados a estas personas pueden pasar desapercibidos, acelerando la detección y potencial recuperación de estos fondos, y gastando menos recursos en el proceso.
Tatiana Gaitán, economista experta en finanzas y emprendimientos, especializada en educación financiera, criticó duramente los errores en los pagos a los proveedores, destacando la serie de problemas que aquello genera a nivel económico; “la existencia de errores en los pagos genera un daño considerable a la confianza en la gestión pública. La percepción de desorden o negligencia administrativa puede traducirse en mayores costos de transacción para el Estado, menor disposición de actores privados a participar en procesos de licitación y disminución en la calidad de los bienes y servicios entregados a la ciudadanía. Este tipo de irregularidades tiene un impacto directo en la eficiencia del gasto público. En un contexto de restricciones fiscales como el que atraviesa Chile actualmente con presiones crecientes sobre el presupuesto y demandas sociales persistentes, asegurar que cada peso del Estado se utilice de manera correcta y transparente es esencial para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas” afirmó la economista.
Características del proyecto
La propuesta señala que los principales funcionarios del país cómo alcaldes, ministros y parlamentarios deberán autorizar el acceso a sus movimientos financieros a la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión para el Mercado Financiero y Servicio de Impuestos Internos para mejorar la fiscalización del gasto público.
La idea de Sepúlveda y Velázquez forzaría a los bancos a hacer entrega de todos los registros financieros asociados a estas personas con rapidez y transparencia, exigiendo la implementación de canales seguros para entregar la información, y una inversión en capacitación para asegurar un correcto funcionamiento del plan presentado.
A su vez, el plan propuesto por los senadores podría ayudar a mejorar la trazabilidad del gasto y la percepción de riesgo del país.
Principales riesgos del proyecto
Los principales riesgos de este proyecto incluyen la privacidad de los datos de los funcionarios, una posible politización de solicitudes, y discusiones acerca del límite de acceso que deberían tener los organismos encargados de la fiscalización.
Jose Luis Aranda Baeza, Gerente de Sucursal de Banco de Chile en la comuna de La Florida, indicó que, por el momento, el banco sigue operando de forma habitual, pero esperan que la aprobación de este proyecto modifique su forma de trabajo. “La sucursal sigue funcionando con normalidad y atendiendo a las personas como de costumbre. Apoyamos la transparencia en la gestión pública, pero advertimos que cambios inmediatos en el acceso a información bancaria pueden generar una carga operativa significativa y riesgos de privacidad si no se definen protocolos claros, Estamos disponibles para colaborar con las autoridades y facilitar la fiscalización, pero insistimos en que la ley detalle el alcance y el formato de las solicitudes. Eso permitirá respuestas ágiles sin comprometer la privacidad de los clientes ni la seguridad del sistema”, concluyó el Gerente de Sucursal.
Carolina Cerón trabajó hace 1 año en el Banco Itaú y actualmente lleva 20 años en la Banca menciona que si se llegase a levantar el secreto bancario por completo, pondría en riesgo a la seguridad de la información a las personas, pero de que sin embargo la Contraloría debería tener el acceso a cuentas de las entidades que manejan los fondos públicos. “Con los tiempos que estamos viviendo hoy en día, con los hackers, bandas, inteligencia artificial, en ese sentido es muy complicado abrirlo de forma completa, pero que efectivamente la Contraloría debería tener el acceso de estas cuentas, pero no necesariamente de la ley de secreto bancario“.
El incorrecto uso de esta información o supuestas filtraciones podrían afectar la confianza de la población en el sistema bancario, otorgándole una nueva responsabilidad a la Unidad de Análisis Financiero, Servicio de Impuestos Internos, Comisión para el Mercado Financiero y Contraloría, que son quiénes manejarán los datos e informaciones de alcaldes, parlamentarios y ministros del país.