Senado acoge proyecto que obliga a los bancos a entregar datos de transacciones de autoridades
El Boletín N.º 14.955-03 propone acelerar el acceso de la UAF, el SII y la CMF a los movimientos bancarios de ministros, alcaldes y parlamentarios para reforzar la fiscalización del gasto público.
Por Vicente Sepúlveda, Cecilia Bouffanais y Bruno Verdugo
Tras la advertencia pública realizada por la contralora Dorothy Peréz durante su exposición en la Comisión de Economía del Senado celebrada este día martes 12 de agosto, en la que señaló que el levantamiento del secreto bancario podría detectar a tiempo errores e irregularidades en el uso de recursos públicos, el Senado acogió el proyecto presentado en la Cámara de Diputados.
El proyecto —presentado por los senadores Alejandra Sepúlveda (independiente) y Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social)— que busca acelerar el acceso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a los movimientos bancarios de los principales funcionarios del país, con el objetivo de mejorar la fiscalización del gasto público.
El impulso legislativo, contenido en el boletín N.º 14.955-03, se presentó en comisión tras la advertencia pública de la Contraloría, que en una sesión del 12 de agosto señaló que acortar plazos de acceso a información bancaria permitiría detectar a tiempo errores e irregularidades en el uso de recursos públicos.
Las principales características del proyecto
La iniciativa obliga a los bancos a entregar, de forma expedita y mediante canales seguros, los registros financieros asociados a alcaldes, ministros y parlamentarios cuando las tres entidades fiscalizadoras —UAF, SII y CMF— lo soliciten en el marco de investigaciones relacionadas con el uso de fondos públicos. El proyecto considera la implementación de protocolos técnicos y capacitación para el manejo de estas solicitudes.
El objetivo declarado es reducir la “ventana de riesgo” en que transferencias o pagos irregulares puedan pasar desapercibidos, acelerando así la detección y la eventual recuperación de recursos mal utilizados, lo que a su vez pretende disminuir costos administrativos asociados a procesos de fiscalización prolongados.
Contexto legal: ¿qué es el secreto bancario?
En Chile, la legislación bancaria consagra el secreto y la reserva bancaria como mecanismos de protección de la información sobre depósitos y operaciones de los clientes. Ese régimen impide que la información financiera se haga pública sin una autorización legal o sin los cauces previstos en la ley; por ello, cualquier iniciativa que amplíe el acceso de autoridades a movimientos bancarios exige definir con claridad los límites, causas y resguardos para no vulnerar derechos de privacidad ni la seguridad de los sistemas financieros.
Voces consultadas
Tatiana Gaitán, economista experta en finanzas y emprendimiento (especializada en educación financiera), advirtió sobre las consecuencias económicas de errores en los pagos.
Según Gaitán, la existencia de fallas en la gestión de pagos “genera un daño considerable a la confianza en la gestión pública” y puede traducirse en mayores costos de transacción y menor participación privada en licitaciones; en un contexto de restricciones fiscales, aseguró, es prioritario “asegurar que cada peso del Estado se utilice de manera correcta y transparente”.
José Luis Aranda Baeza, gerente de sucursal del Banco de Chile en La Florida, comentó que la institución opera con normalidad pero que cambios inmediatos en el régimen de acceso a información bancaria podrían aumentar la carga operativa y exigir protocolos claros para proteger la privacidad de los clientes.
Carolina Cerón, quien trabajó en Banco Itaú, señaló que abrir el secreto bancario por completo podría comprometer la seguridad de la información, aunque coincidió en que la Contraloría debería tener acceso a las cuentas que manejan fondos públicos bajo los marcos que garanticen la seguridad informática.
Riesgos y críticas reformulados
El proyecto plantea beneficios claros para la fiscalización, pero también presenta riesgos que deberán ser abordados en el debate legislativo. Entre ellos, la ampliación del acceso a datos bancarios genera preocupación en torno a la privacidad y seguridad, ya que requerirá protocolos estrictos y medidas eficaces para prevenir filtraciones o usos indebidos.
También se advierte el riesgo de una posible politización de las solicitudes, lo que hace necesario establecer criterios objetivos y controles institucionales que impidan un uso con fines partidistas. Finalmente, la obligación de los bancos de entregar información con rapidez implica una carga operativa significativa que demandará inversiones tecnológicas y capacitación adicional.
Por estas razones, el Congreso tendrá que precisar el alcance del acceso, los criterios de autorización y las sanciones para evitar usos indebidos, equilibrando la fiscalización con la protección de derechos.
Fiscal Nacional y secreto bancario dice que “no hay razones para no avanzar en:
— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) July 27, 2025
-instituciones públicas
-mayor acceso de Contraloría
-soc comerciales
¿Dónde está ahí el derecho a la intimidad?”
Inentendible que clase política no avance en secreto bancario.
¿Qué se protege? https://t.co/M0SAtZYQqW pic.twitter.com/UTDA48IhB7
Incierta viabilidad política
La eventual aprobación de la iniciativa dependerá de su tramitación en comisiones y del acuerdo entre las distintas bancadas sobre los límites y salvaguardas propuestos. En particular, será clave analizar las mayorías requeridas y las eventuales indicaciones que surjan en comisión para garantizar equilibrio entre fiscalización y protección de derechos. Por el momento, los senadores han señalado que no harán declaraciones al respecto hasta la próxima comisión.