Crisis en Cerro Centinela: más de 10 mil personas en riesgo de desalojo tras fracaso de negociaciones
La toma de San Antonio fue uno de los temas destacados esta mañana durante la presentación del Plan Nacional de Infraestructura 2025–2055. El ministro de Justicia, Luis Cordero, subrayó que cualquier desalojo debe realizarse de manera humanitaria.
San Antonio enfrenta una de las mayores crisis habitacionales de los últimos años. El conflicto por la toma de Cerro Centinela, que alberga a más de 10 mil personas desde 2019, llegó a un punto crítico tras el fracaso de 17 rondas de negociación entre el Ministerio de Vivienda (Minvu) y los dueños del terreno. La orden judicial de desalojo mantiene en alerta a las autoridades y a las familias que insisten en no abandonar el lugar sin una opción real de compra a precio justo.
La ocupación de Cerro Centinela comenzó en 2019, durante el estallido social, y se expandió rápidamente durante la pandemia, cuando la crisis económica dejó a miles de familias sin arriendo ni acceso a subsidios habitacionales. Actualmente, cerca de 260 hectáreas están habitadas por más de 10 mil personas que han levantado viviendas, negocios informales y organizaciones comunitarias.
El terreno pertenece a la Inmobiliaria San Antonio desde 1997. Durante los últimos dos años, se llevaron a cabo 17 mesas de negociación con el Minvu, sin llegar a un acuerdo. El valor del suelo fue rebajado de 0,4 a 0,21 UF por metro cuadrado aproximadamente de $15.000 a $8.000, lo que el Ministerio calificó como “simbólico” pero aún inalcanzable para la compra colectiva de los pobladores. La inmobiliaria, en tanto, acusa que el Gobierno no entregó garantías de financiamiento para concretar la operación.
El fallo de la Corte Suprema que ordena el desalojo establece que la medida debe ser coordinada con el municipio, el Minvu y otras instituciones públicas, garantizando medidas humanitarias como traslados asistidos, disposición de albergues y retiro de escombros. Sin embargo, el Ejecutivo ha advertido que la prioridad es agotar todas las vías de diálogo antes de recurrir a la fuerza pública.
“Lo que corresponde es analizar en detalle el contenido y redacción de la sentencia en este caso en concreto”, explicó el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien recalcó que el uso de la fuerza pública solo puede ocurrir cuando estén garantizadas las condiciones de traslado, seguridad y apoyo social para las familias.
Mientras tanto, las organizaciones de vecinos han manifestado que no dejarán el cerro hasta que se les ofrezca la posibilidad de comprar los sitios a un “precio justo” y en condiciones de pago que puedan asumir. Desde el Gobierno recalcan que el conflicto no puede tratarse como una simple transacción de mercado, ya que se trata de un asentamiento masivo con impacto social, sanitario y urbano para toda la comuna de San Antonio.
Plan Nacional de Infraestructura 2025–2055
El conflicto de Cerro Centinela coincidió con la presentación del Plan Nacional de Infraestructura 2025–2055, que busca coordinar las inversiones de largo plazo en conectividad, agua potable, vivienda y desarrollo urbano.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que el nuevo plan apunta a prevenir crisis similares en el futuro mediante una mejor planificación territorial y políticas de urbanismo integradas. “Este plan incluye todo lo que es infraestructura en el ámbito de la vivienda, el urbanismo, y por lo tanto tiene que hacerse cargo, en algún sentido, del déficit habitacional que nuestro país tiene y de cómo resolver en el mediano y largo plazo esa situación”, afirmó.
El plan contempla priorizar proyectos en zonas de alto déficit habitacional, mejorar la coordinación entre ministerios y gobiernos locales y aumentar la inversión en infraestructura social. Si bien su implementación será gradual, el Ejecutivo espera que permita evitar tomas masivas y conflictos de suelo como el que hoy tensiona a San Antonio.